La Procuración General de la Nación dictaminó en contra de la restitución en su puesto del fiscal general de la provincia de Chubut Eduardo Samamé, pese a que el juicio político en el que fue destituido fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia provincial.

Si bien la Justicia chubutense determinó que Samamé estuvo mal destituido, no podrá regresar a su antiguo puesto porque durante el trámite del juicio político obtuvo la jubilación en el cargo.

La Sala de Juzgar de la Legislatura de Chubut destituyó a Samamé de su cargo de Procurador General y lo inhabilitó por el término de cuatro años, “sobre la base de la causal de mal desempeño en ejercicio de las funciones”.

El fiscal apeló la medida y “solicitó la anulación del fallo destitutorio, su reincorporación al cargo de Procurador General y el consiguiente pago de los salarios dejados de Percibir”.

El Superior Tribunal de Justicia declaró la “nulidad” de la destitución pues “no se había logrado la mayoría de votos necesaria para concluir en la culpabilidad del acusado”, pero sin embargo rechazó el pedido de restitución “en razón de la existencia del beneficio jubilatorio del que gozaba el actor a partir de su propio pedido”.

El pedido de jubilación fue presentado el 4 de marzo de 2008; el beneficio fue concedido el 10 de octubre del mismo año “a liquidar retroactivamente a partir del 22 de julio anterior”, en tanto la destitución fue firmada el 20 de agosto.

Samamé insistió con su restitución, pero la procuradora general adjunta, Laura Monti, dictaminó por la “imposibilidad de reincorporación en el cargo frente al voluntario acogimiento a la jubilación ordinaria sobre la base de las constancias del expediente administrativo de tramitación del haber de retiro”.

La decisión final está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.