Fallo a favor de policía que debió ser operado tras lesionarse por una vereda en mal estado

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue condenado a indemnizar con más de 86 mil pesos más intereses de ocho años a un... Por Cuarto Intermedio

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue condenado a indemnizar con más de 86 mil pesos más intereses de ocho años a un policía federal que se rompió una rodilla y estuvo un año de licencia médica al tropezar con una vereda en mal estado.

La Sala J de la Cámara Civil dejó firme la condena que había impuesto el juez de primera instancia Gastón Polo Olivera para reparar los daños que sufrió el policía.

El uniformado, caminaba el 2 de abril de 2007 en la vereda de la avenida Lope de Vega, a la altura del número 2606, cuando “trastabilló, se dobló la pierna y rodilla izquierda para finalmente caer, ello debido a que en el lugar se encuentra plantado un árbol cuyas raíces de gran tamaño habían levantado la vereda y mampostería unos seis centímetros”.

El policía se hallaba “de servicio, asignado a misión de vigilancia y seguridad general en la avenida Lope de Vega y Pedro Lozano”.

El Gobierno porteño se defendió argumentando que “no se le puede exigir que controle todos los días, en todas las horas laborables en esta gran urbe, el estado de las veredas y en particular si en la acera de que se trata hay baldosas rotas o flojas y las posibles contingencias que puedan surgir”.

Además, “imputó la responsabilidad del hecho dañoso a la propia víctima”, pero la justicia replicó que la falta de mantenimiento convirtió a la vereda en una “cosa peligrosa”.

El policía sufrió “un traumatismo de rodilla izquierda y se le diagnosticó síndrome meniscal”, que derivó en “una ruptura del ligamento cruzado anterior y que mereció tratamiento quirúrgico”, por el cual debió estar “enyesado”.

Como consecuencia de la lesión, la Policía Federal Argentina le concedió licencia entre el día del siniestro y el 7 de marzo del año siguiente.

El fallo, que ahora quedó firme tras una cuestión procesal definida por las juezas Marta Mattera, Beatriz Verón y Zulema Wilde, condenó al Gobierno porteño a indemnizar al uniformado con “86.200 pesos con más los intereses”.