El coordinador del Distrito Mar del Plata del Ministerio Público, Daniel Adler, reclamó que se investigue “la posible contaminación ambiental y la consecuente afectación de salud de la población por parte de los propietarios de las fábricas de harina de pescado del puerto” de esa Ciudad.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resaltó que en los barrios cercanos al puerto, aunque también en el centro de la ciudad, “muchas veces se sienten olores nauseabundos” y existen “irrefutables pruebas” que esas emanaciones “provienen de la inescrupulosa actividad económica de las fábricas de harina de pescado emplazadas en el puerto”.

Adler recordó que “ya en 2010 la entonces defensora del Pueblo, Beatriz Arza, había presentado el expediente caratulado ‘Varios vecinos de Puerto y Punta Mogotes sobre contaminación por olores en fábricas procesadoras de harina de pescado’”, lo que originó una “extensa investigación” tras la cual “se decidió archivar debido a que las empresas habrían iniciado la adecuación de sus procedimientos”.

“Sin embargo, la situación ha recrudecido en los últimos tiempos”, advirtió Adler, quien además recordó la advertencia realizada días atrás por el presidente del Consorcio Portuario Regional, José Hidalgo; y apuntó que “más allá de una clara advertencia de parte de diversas autoridades que a modo preventivo y cautelar esperaron la adecuación de las empresas, no se ha logrado hacer cesar la actividad contaminante”.

Según revela el sitio fiscales.gob.ar, esa situación “ha colocado a los responsables de tales emanaciones y a quienes deben evitarla, a través del debido contralor, en una clara situación de dolo respecto de las consecuencias de sus acciones” ya que los encargados del contralor “no evitaron las consecuencias dañosas que esos olores nauseabundos han provocado en el medio ambiente y en la salud, en especial la psíquica, de las personas”.

“Conforme estudios realizados los olores nauseabundos podrían evitarse de contar las harineras con la infraestructura necesaria para evitar la proliferación de esos olores. Así se ha expresado, con claridad, en recientes informes que han sido incluso materia de publicación en distintos medios locales”, destacó.

En otro orden señaló que “la investigación no debe centrarse sólo en los responsables de las empresas, sino que también debe indagarse sobre posibles complicidades de las autoridades que han permitido durante estos años que esta situación se mantenga, pudiendo constituir delitos propios de funcionarios públicos” y exigió la inmediata adecuación de las empresas “bajo apercibimiento de ordenarse la clausura judicial de las referidas plantas”.