El juez federal Sergio Torres entregó diez máquinas de coser secuestradas en una causa por trata de personas a una cooperativa de trabajadores, pero antes debió sortear insólitos escollos burocráticos que le plantearon organismos oficiales.

Torres procesó a dos ciudadanos bolivianos por trata con fines de explotación laboral de seis connacionales que trabajaban hasta siete días a la semana, en jornadas que se extendían desde las 7 a las 23.

En el taller clandestino, situado en la calle Saraza, fueron secuestradas diez máquinas de coser, que el juez ofreció en calidad de “depositario judicial” al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para que canalizara en alguna cooperativa de trabajadores, fomentando así el empleo.

Torres ya había adoptado una medida similar en una causa anterior y por ello intentó repetir la experiencia, pero “entabladas sendas comunicaciones telefónicas con personal del Área de Legales del INTI, se informó al Tribunal que no estaba dentro de su competencia la designación de personas jurídicas que pudieran hacer uso de las máquinas secuestradas”.

Entonces “se tomó contacto con diversas organizaciones de bien público desde donde se derivó al Tribunal con el titular del Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI), nada menos que del INTI”, pues “allí trabajaban sujetos que integran distintas cooperativas que se sirven precisamente de las máquinas aportadas por distintos juzgados para el desarrollo económico de quienes lo necesitan”.

El CDI, sin embargo, informó que la aceptación de las máquinas “debía ser aprobado por el titular del INTI, pues no estaban autorizados a actuar en forma directa”.

Entonces Torres volvió a comunicarse con el Área de Asuntos Legales del INTI, donde le explicaron que “la creación del CDI data de una gestión anterior, siendo que la actual no avala su existencia”.

“Lamenta este Tribunal que procedimientos tan valiosos como el que resulta en este punto, no sea parte de una política de Estado en esta materia y dependa de la voluntad del funcionario de turno”, escribió el juez federal en su resolución.

El magistrado ofreció las máquinas a la Mutual Mujica, en Córdoba, pero allí no contaban con medios para el traslado y propusieron otro farragoso trámite a través del Ministerio de Desarrollo Social local.

Con diez máquinas disponibles para sendos trabajadores y nadie que las quisiera, Torres encontró la solución en el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien “prontamente dio una respuesta positiva”.

Las máquinas están hoy en el Centro de Estudios Técnicos para la Industria de la Confección (CETIC), en México 1440, de esta Capital, que es la escuela de capacitación que posee la Unión de Cortadores de la Indumentaria (UCI).

En la causa penal, el juez procesó a los dos acusados como “coautores de los delitos de reducción a esclavitud o servidumbre y de trata de personas”, agravado por “haber utilizado como medio el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas”, les trabó embargos por 160 mil pesos y les prohibió la salida del país.