La Defensoría del Pueblo de la Nación le pidió a la Corte Suprema que vuelva a intervenir en el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, para hacer cumplir el “Fallo Mendoza” que en 2008 dispuso limpiar ese cauce hídrico.

La Defensoría reclamó a la Corte “formular un nuevo Plan Integral de Recomposición Ambiental, establecer objetivos de calidad del agua más ambiciosos, controlar las cargas contaminantes del sector industrial e implementar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos”.

Además, subrayó la necesidad de “elaborar un mapa de riesgo ambiental que oriente las acciones en materia de agua, cloacas, vivienda y salud”.

Un escrito presentado ante el máximo tribunal, con la firma del secretario general a cargo de la Defensoría, Carlos Haquim (el organismo está vacante desde hace años) sostuvo que “se agotó una etapa y es necesario actualizar las herramientas utilizadas para mejorar la calidad de vida y reponer un ambiente sano”.

“Los resultados, en este momento, han dejado de ser satisfactorios”, resume el documento.

La Defensoría consideró que es necesario “romper el amesetamiento de las acciones que llevan a cabo las autoridades nacionales, bonaerenses y porteñas, así como la autoridad de aplicación ACUMAR y los 14 municipios de la cuenca”.

El organismo reclamó “reorientar el proceso y definir una política y gestión ambiental renovadas” porque “los objetivos establecidos por la Corte Suprema distan de haber sido alcanzados y han emergido nuevos y complejos problemas”.