La Justicia convocó al Servicio Penitenciario Federal y a la fiscalía especializada en violencia institucional (PROCUVIN) y a otros organismos judiciales a una “mesa de diálogo” para resolver las cuestiones de “trato” a los presos trans, y ordenó que se respeten sus derechos -entre ellos la intimidad- en las requisas carcelarias.
La Sala Quinta de la Cámara del Crimen dispuso “encomendar al juez (HernánLópez, penal de instrucción número uno de la Capital Federal) que convoque a una mesa de diálogo para que las partes, con la colaboración de los organismos, funcionarios o expertos que correspondan,elaboren en forma consensuada propuestas para hacer cesar las vulneraciones de derechos verificadas”.
El fallo exige el pleno respeto y aplicación del «Protocolo de Registro Corporal y Pertenencias de Personas Trans en la Órbita del Servicio Penitenciario Federal Argentino», que dispuso medidas de protección para la intimidad de los detenidos trans.
La “Mesa” deberá informar periódicamente al juez de primera instancia sobre las conclusiones y acuerdos a que arribe.
La causa se inició a raíz de la presentación de un habeas corpus de la Defensoría General de la Nación sobre “los comparendos judiciales de internas de la comunidad ‘trans’ (transexuales, travestis,transgénero) en el Servicio Penitenciario Federal” y ordenó investigar eventuales delitos de acción pública de que pudieran haber sido víctimas las detenidas.
La denuncia se refería a los supuestos tratos vejatorios que sufrían las detenidas en la Alcaidía Penal Federal (Unidad 29, Comodoro Py 2002) y en el Centro de Detención Judicial (Unidad 28, Palacio de Tribunales), cuando eran trasladadas “procedentes de otras unidades para comparecer ante la autoridad judicial”.
Se trata de “exámenes corporales y requisas degradantes, que comprometen distintos derechos de raigambre constitucional e internacional”, de las detenidas.
Esas prácticas incluían “desnudos íntegros o parciales por orden de agentes penitenciarios del sexo masculino, en ocasiones sin presencia de personal médico o sanitario, que en ciertas oportunidades podían llegar a participar hasta cuatro agentes y que siquiera se realizaban a puertas cerradas, siendo usual que recibieran insultos, malos tratos verbales y expresiones discriminatorias relacionadas con su identidad y expresión de género”.
El fallo dispone, en consonancia con el Protocolo surgido a partir del reclamo judicial, “ordenar la cesación inmediata del acto lesivo, disponer una serie de medidas vinculadas con el ingreso para comparendos judiciales de personas trans».
