La Asociación por los Derechos Civiles y Poder Ciudadano emitieron comunicados en los cuales expresaron sus opiniones en relación a la decisión presidencial de nombrar por decreto a dos nuevos jueces en el máximo tribunal. Ambas coincidieron en que el mecanismo no fue el adecuado.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sostuvo que si bien no ponen en duda los méritos y la alta solvencia técnica de los candidatos escogidos por el Presidente de la Nación, observan con mucha preocupación que se haya apelado a un decreto para la designación de jueces para la Corte Suprema (aunque no se trate de nombramientos permanentes, aclararon) puesto que nada hubiera impedido que, para designaciones de tanta trascendencia, se hubiera convocado a sesiones extraordinarias del Senado a los efectos de tratar de manera prioritaria estos pliegos, conforme lo establece el art. 99, inc. 4° de la Constitución Nacional.

“Todo ello, a fin de asegurar el principio de división de poderes en la designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, opinaron.

Por su parte otra ONG, Poder Ciudadano, también emitió su opinión en relación al procedimiento de designación de los dos nuevos jueces de la Corte Suprema por parte del Gobierno nacional.

“La composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación requiere de un procedimiento transparente y consensuado, tanto política como socialmente. Esto es lo que se logró con el decreto 222/03 que autolimitó las facultades del Poder Ejecutivo Nacional en la selección de los jueces de esa institución”, explicaron.

Asimismo, consideraron que la decisión del Gobierno de designar a dos nuevos integrantes en la Corte mediante un decreto y en Comisión, rompe innecesariamente con un procedimiento ampliamente consensuado entre los actores del sistema democrático y que, al mismo tiempo, agrava la situación dado que se podría abrir la posibilidad de designar jueces inferiores en Comisión amparándose en las mismas prerrogativas.

“Desde Poder Ciudadano llamamos al Poder Ejecutivo a rever en forma urgente esta decisión considerando que más allá de su legalidad o no, claramente va en detrimento de la democracia, la división de poderes, e incluso el futuro desempeño y legitimidad de los jueces seleccionados”, señalaron.