La Cámara Nacional en lo Criminal confirmó el procesamiento por supuesto “tráfico de influencias” a una empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que ofrecía sus servicios para beneficiar a infractores de tránsito.

La Sala Cuarta de la Cámara concluyó que las pruebas reunidas “resultan suficientes” para considerar que el 22 de mayo de 2014 la empleada solicitó dinero a un infractor para beneficiarlo con una disminución en monto de las multas que registraba.

La imputada, que se desempeñaba en el área de información al público del GCBA, prometió hacer valer sus influencias ante el Controlador Administrativo de Faltas, para que el infractor tuviera la posibilidad de una “solución alternativa”.

El tribunal evaluó los dichos de testigos y los mensajes de textos entre la mujer y el infractor, en los que la primera le precisaba la suma que le debía entregar -3.600 pesos- para evitar el desembolso de un importe mayor.

Los camaristas Alberto Seijas y Mariano González Palazzo analizaron además que, según constancias del sumario, la imputada realizó las comunicaciones telefónicas desde un sector de su lugar de trabajo donde no podía ser captada por las cámaras de seguridad.