La Procuración General de la Nación se pronunció a favor de obligar a los escribanos a informar sobre operaciones económicas que certifiquen y que puedan ser potencialmente sospechosas de lavado de activos.

La procuradora Alejandra Gils Carbó avaló en un dictamen dirigido a la Corte Suprema la constitucionalidad de la ley de lavado de activos, en uno de cuyos artículos establece que los escribanos deben informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones sospechosas, tal como lo hacen, por ejemplo, los bancos.

El Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires inició una acción judicial oponiéndose a ese artículo de la ley.

Gils Carbó opinó que “en atención a las particularidades y los deberes de su profesión y función”, los escribanos “pueden y deben prever cuando se encuentran frente a una operación que debe ser informada en los términos de la ley”.

“El tipo de delitos que se busca prevenir y perseguir -el lavado de activos y financiamiento del terrorismo- contribuye a delimitar la noción de operación sospechosa”, precisó la jefa de los fiscales.

El planteo de los escribanos bonaerenses ya fue rechazado por un tribunal de La Plata, por lo que ahora será la Corte Suprema la que deberá resolver la cuestión.

El dictamen de Gils Carbó no es vinculante, es decir, que la Corte podría fallar en sentido contrario a la opinión de la procuradora.