El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), Javier De Luca, pidió que se anule la condena de tres meses de prisión, en uno de los casos de cumplimiento efectivo, que se le dictó a dos manifestantes por el delito de interrupción del transporte terrestre.
El fiscal opinó que la CFCP debe aceptar el recurso presentado por la defensa de Víctor Rubén Idiarte y Pablo Antonio Batagliotti contra la sentencia dictada en noviembre último por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, en Santa Cruz.
Los hechos que originaron la causa penal se registraron el 9 de junio de 2010 en la entrada norte de la ciudad de Caleta Olivia, entre las 11 y las 23.40, cuando se produjo la interrupción vehicular en la Ruta Nacional 3.
El corte fue llevado a cabo por un grupo autodenominado ‘desocupados de la empresa Oxy’, cuyos integrantes, con el rostro cubierto, quemaron neumáticos sobre la cinta asfáltica y banquinas, y “ejercieron violencia a fin de impedir y entorpecer la circulación de automóviles”.
Pero De Luca consideró que la sentencia contiene una arbitraria interpretación de normas legales, porque, a su criterio, “no hubo un peligro individual ni colectivo”, porque el tránsito estaba “totalmente detenido y la autoridad resguardaba la situación”.
De Luca evaluó que “los manifestantes eran un grupo reducido de personas, desorganizadas, desarmadas”, que se trataba de “gente muy necesitada”, con “bajos recursos” económicos, y que “algunos (de ellos) con fuerte aliento etílico” quemaron cubiertas mientras reclamaban “unos pesos” a las autoridades municipales.
Para el fiscal los manifestantes comenzaron su reclamo en la vía pública “ejerciendo su derecho a expresarse y que, a lo sumo, se excedieron en su ejercicio”.
De Luca también consideró insuficiente la prueba sobre la “violencia” de los manifestantes.
El fiscal recordó la supuesta “violencia” se basó únicamente en el testimonio de un periodista, quien aseguró que quienes realizaban la protesta le habían arrojado objetos cuando intentó mostrar lo que estaba sucediendo.
