El grabado de autopartes como medida de seguridad frente al robo de vehículos, establecido por una ley sancionada hace varios años pero que entró en vigencia recién meses atrás, sigue provocando polémicas en la provincia de Córdoba, donde el gobierno peronista resalta su importancia y la oposición acusa que se trata sólo de un negocio para una empresa en particular.

En ese sentido, la legisladora Liliana Montero (del bloque Córdoba Podemos) presentó un proyecto de resolución solicitando al gobierno la inmediata suspensión de la exigencia del grabado de autopartes, y anunció que impulsará otro de derogación de la ley vigente.

En Córdoba el robo de autos es muy alto: aproximadamente uno cada dos horas (o trece por día).

La ley ingresó en vigencia, por primera vez, en abril de 2015, pero sólo por unas horas, porque el entonces gobernador José Manuel De la Sota suspendió su aplicación por decreto. Por entonces, todo el mundo estaba en campaña electoral y el mandatario peronista (con aspiraciones presidenciales) no quería pagar un costo político.

El propio ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Massei, reconoció días atrás que “con una lija y un poquito de agua se borra” el grabado, lo que lo vuelve un sinsentido.

Para Montero, el grabado es “un negocio millonario en beneficio de unos pocos, que no va a resolver el problema de robo de autopartes y que la Policía tiene, o debería tener, las herramientas para prevenir e investigar la sustracción de vehículos”.

“El costo del grabado, las estadísticas de robos, la gravedad de los dichos de Massei y la consecuente investigación administrativa lo confirman”, señaló.