La legisladora massista del Parlasur, Fernanda Gil Lozano, advirtió que la cantidad de víctimas de Trata en todo el país creció más de un 15 por ciento durante los primeros seis meses del año, superando de esta manera el medio millón.

La Diputada nacional del Parlasur por el Frente Renovador UNA, Fernanda Gil Lozano, reveló que durante los primeros 180 días del año creció un 15,4 por ciento la cantidad de víctimas de Trata de personas y que esos datos surgen del entrecruzamiento de denuncias oficiales e informales obtenidas a través de un relevamiento realizado por su equipo de trabajo sobre diferentes ONG´s de lucha de todo el país. En ese sentido, el sondeo arroja que la cantidad de víctimas en la Argentina asciende a más de seiscientas mil.

“Muchos de los problemas se deben precisamente al modo parcial en que el Gobierno anterior reglamentó la Ley de Trata de personas porque hay muchos aspectos que involucran a las víctimas que no están debidamente contemplados en el dictado del decreto que se venía reclamando”, explicó.

Por otra parte, acusó a la actual administración por manipular los datos sobre las víctimas. “El Estado nacional rescata anualmente a menos del 0,5% de las personas esclavizadas y encima luego las abandona”, denunció la legisladora massista, quien recordó que en el año 2008 se sancionó en el país la Ley 23.364, cuyo objetivo es la prevención y sanción de la Trata de personas y la asistencia a sus víctimas, pero que el Ejecutivo nacional -en contraposición a su denuncia- informa por medio de la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que, desde ese entonces, ya fueron rescatadas 9.987 víctimas, con un promedio de casi 800 rescates mensuales.

Gil Lozano, además, opinó que ni desde el kirchnerismo ni desde el macrismo se ha regulado -soslayando la importancia vital para la construcción de un proyecto de vida para las víctimas-, un compendio de aspectos vinculados a la reinserción que contemplen la asistencia psicológica, médica y educativa, entre otros aspectos.

“El Estado sigue acompañando a las víctimas hasta que declaran pero luego no se trabaja con ningún tipo de contención psicológica o médica. Tampoco se les otorga ningún subsidio ni capacitación de reinserción laboral, lo que genera que al poco tiempo esas personas, en la mayoría de los casos, vuelvan al circuito del cual se las rescató”, señaló.