La mayoría de los jueces penales nacionales de la Capital Federal objetaron el proyecto de pasar a depender de la Ciudad de Buenos Aires y propusieron, en cambio, pasar a desempeñarse como magistrados federales, para mejorar la tramitación de causas por delitos complejos como corrupción, narcocriminalidad y trata de personas.

Mediante sendas notas enviadas a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y al Ministerio de Justicia, los jueces de la Capital Federal expresaron que el proyecto de ley presentado por el Gobierno ante el Congreso, que propone la transferencia de los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires, “saturaría la estructura judicial para delitos comunes en lugar de reforzar la destinada a los fenómenos delictivos complejos”.

El documento, firmado por más de 40 jueces de primera instancia del fuero de instrucción porteño, se complementa con una propuesta de varios integrantes de la Cámara del Crimen, quienes proponen directamente transformar a los jueces penales porteños en jueces federales, para “reforzar a la justicia federal”.

“La sociedad hoy requiere de soluciones urgentes, entre otros, en temas relacionados básicamente con la corrupción, la narcocriminalidad y la trata de personas, que hoy competen a la justicia federal que por su complejidad y la forma que adquieren las organizaciones delictivas requieren de investigaciones profusas y minuciosas para lograr una correcta respuesta sancionatoria a los responsables”, especifica el documento.

Los jueces reprobaron la iniciativa propuesta en el marco del denominado proyecto “Justicia 2020”, impulsado por el ministro Germán Garavano, e incluso sostuvieron que la propuesta enviada al Congreso se contradice con los postulados que el propio titular de la cartera de Justicia proclamó en trabajos académicos y con otros proyectos legislativos del mismo programa.

El proyecto oficial sostiene la gradual transferencia de todos los juzgados que hoy tramitan causas por delitos como robo, homicidio y defraudaciones a la órbita de la Capital Federal, pero los jueces advirtieron que “solamente pueden transferirse competencias (es decir, los delitos a juzgar) y no tribunales”.

En ese contexto, un grupo de camaristas, encabezados por el presidente de la Cámara del Crimen, Rodolfo Pociello Argerich, y el juez Marcelo Lucini, elaboraron un documento que complementa la postura de los jueces de primera instancia y propone “la conversión de todos los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción en juzgados federales”.

“Lo esencial de la propuesta radica en concluir con la transferencia de las competencias ya iniciadas desde la justicia Nacional a la Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por otro lado, reforzar la justicia federal”, resume la propuesta, que ya fue remitida a Garavano.