La Cámara del Crimen reabrió una investigación contra empresarios de obra pública en la Capital Federal en tiempos de las gestiones de Fernando De la Rúa y Enrique Olivera, acusados por presunta estafa en la refacción de escuelas.

La Sala Cuarta del tribunal revocó los sobreseimientos por “prescripción” que habían beneficiado a varios empresarios y profesionales.

Todos son investigados por “la contratación directa de empresas privadas para la realización de obras en establecimientos educativos, bajo la órbita de la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, a cargo de Mario Giannoni, durante los gobiernos de De la Rúa y Enrique Olivera.

Las obras “no se terminaron realizando, o no se cumplieron con los procedimientos de adjudicación de rigor, o se presupuestaron precios superiores al costo real de los trabajos efectuados o bien se desdoblaron las contrataciones para evitar el proceso de licitación pública”, sostiene la imputación.

Ello habría constituido “un desvío de fondos públicos” por unos nueve millones de dólares y los supuestos delitos se cometieron “entre los años 1998 y 2001”.

La jueza de instrucción María Rita Acosta heredó una causa iniciada hace más de 15 años del ex juez Mauricio Zamudio.

Indagó y procesó por “peculado” a varios funcionarios del Gobierno porteño pero sobreseyó a la parte privada de la supuesta defraudación al erario local por “prescripción” por el paso del tiempo.

Ahora la Cámara, con las firmas de los jueces Carlos González y Alberto Seijas, cuestionó “la azarosa e infundada decisión de ambos magistrados de ceñir su concreción sólo a los funcionarios públicos, sin hacer lo propio con los particulares”.

“Se corroboró una participación directa de los contratistas en los hechos que se investigan, tanto sea como coautores o como partícipes necesarios», sostuvo la Cámara.

“Si la gravitación política propia del hecho de corrupción beneficia a los autores y partícipes por igual, independientemente que revistan la calidad de funcionarios públicos, resulta coherente entender que se vean también perjudicados por igual con la suspensión de la prescripción”, resumieron los jueces, al reabrir la causa para los particulares sospechados por la maniobra.

La prescripción en una causa en perjuicio de la administración pública no prescribe mientras uno solo de los investigados permanezca relacionado con el Estado, y en este caso -entendió la Cámara- “varios imputados se encontrarían todavía desempeñando cargos en la función pública”.