Alejandro Amor participó de la audiencia pública convocada por el Gobierno nacional tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde pidió proporcionalidad y razonabilidad al momento de definir el cuadro tarifario.

El Ombudsman porteño y también titular de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor, reclamó en la audiencia pública para tratar el aumento de la tarifa del gas por una tarifa social única y automática, al tiempo que le exigió al Estado nacional que proteja a los más vulnerables. En ese marco, además, reclamó un régimen especial para las pymes y entidades de bien público.

“Hoy vengo a la Usina del Arte a hablar en nombre de los vecinos. Nosotros defendemos los principios establecidos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia: progresividad, proporcionalidad y razonabilidad. Y si bien vemos progresividad en lo que se ha planteado, no encontramos la proporcionalidad ni la razonabilidad”, expresó.

Asimismo, Amor opinó que el incremento tarifario debe estar atado a los incrementos paritarios y sobre todo para los jubilados y pensionados, a quienes el Estado debe proteger. Además dio a conocer una de sus propuestas, que consiste en implementar una tarifa social única y automática dado que no puede haber diferencia para el acceso al agua, el gas y la luz.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo porteño pidió que se defienda la vigencia de las leyes de entidades de bien público y clubes de barrio, ya que deben tener una tarifa especial, y reclamó que el Estado también proteja a las pymes, al decir que son las que generan el 70 por ciento del trabajo en el país. “Es importante reconocer la realidad que atraviesan las pymes, sobre todo las gasdependientes y las electrodependientes, las cuales deben contar con una tarifa diferenciada que les permita continuar con su empresa, porque de esa manera se está defendiendo el empleo en nuestro país”, señaló.

Por último, pidió que se reconozca el acceso a los servicios públicos esenciales como un derecho humano. “Durante los meses en que se debatió el incremento en las tarifas de servicios públicos se habló mucho de clientes y poco de personas. Los Defensores del Pueblo no defendemos clientes, defendemos personas”, concluyó.