El Senado de Salta aprobará la semana que viene la adhesión de la provincia al blanqueo de capitales dispuesto por el Régimen de Sinceramiento Fiscal (ley 27.260), siguiendo lo que ya hicieron Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, y que se preparan a hacer otras como Mendoza.

El proyecto ya fue sancionado por la Cámara de Diputados provincial el 23 de agosto, y ya tiene dictamen de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

El caso de Salta viene con una particularidad en relación a las otras provincias: se establecerá un impuesto adicional del 10 por ciento a los gravámenes especiales del 5 al 15 por ciento previstos en la ley nacional de blanqueo.

Para no pagar las cargas impositivas en Salta las tenencias exteriorizadas en el marco del blanqueo, deberán invertirse en proyectos de inversión productiva, inmobiliarios o energéticos que favorezcan el desarrollo de la economía local y que generen nuevos puestos de trabajo.

Además, la ley provincial que se quiere sancionar impone esa condición sin tiempo, mientras que la norma de blanqueo nacional permite disponer de los fondos en tres (con el bono sin interés) o cuatro años (con el llamado bono mágico).

Asimismo, se dispone que el Gobierno provincial distribuirá el 15 por ciento de lo que recaude con el impuesto adicional entre los municipios.

Esta cláusula fue cuestionada en la discusión de la Cámara de Diputados, porque la ley 27.260 establece que los recursos generados con el sinceramiento fiscal se destinarán a pagar la deuda que el Estado nacional mantiene con 2,5 millones de jubilados.