El dato corresponde al mes de agosto y se desprende de un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. De esta manera, la cantidad de vendedores irregulares creció un 11,4% en comparación al informe que realizaron en febrero.

Según un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el país hay 656 “saladitas” -en 455 ciudades- con 61.721 vendedores, siendo esta cifra récord en comparación al último informe realizado a principios de este año.

Asimismo, se describe que tras recorrer centenares urbes también se encontraron 27.070 manteros -el 77,3% de ellos ubicadas en las localidades con “saladitas”- que sumados a los vendedores de esos predios dejan un total de 88.791 comerciantes informales en sus diferentes modalidades.

El estudio elaborado por CAME, además, arrojó que sobre esas cifras se estima que la venta ilegal al público alcanzó los 5.557 millones de pesos en agosto, y que rondará los $66.700 millones en todo el 2016.

“El crecimiento del comercio clandestino de los últimos seis meses se debe a tres factores. Por un lado, a la falta de controles que da lugar a que ese fenómeno se expanda. El segundo, al aumento en la cantidad de gente que buscando precios más accesibles cambia consumo formal por informal y alienta a incrementar la masa de vendedores irregulares, que al no pagar impuestos ni cumplir con normativas de seguridad o higiene, ofrecen valores más bajos. Y tercero, al mayor desempleo, que generó que más individuos encontraran en la venta indebida una vía de supervivencia”, señalaron.

En ese sentido, desde la entidad presidida por Osvaldo Cornide destacaron que frente al relevamiento realizado en febrero de este año se detectaron 86 nuevas saladitas y 7.759 vendedores más, y que el crecimiento más fuerte de la venta ilegal en esos meses ocurrió en la cantidad de puesteros en ferias por las aperturas de nuevos predios.

“Más allá de la emergencia, preocupa el crecimiento descontrolado del formato saladitas, que frente a la vista de las autoridades se va instalando como un modelo de negocio. Esto, además de afectar al mercado formal, precariza las condiciones de producción, comercialización y empleo de la economía”, expresaron desde CAME.