El diputado socialista Joaquín Blanco presentó un proyecto de ley en la Cámara baja santafesina para que las empresas que realicen obras públicas incorporen entre sus trabajadores a presos que gocen de libertad condicional, estén bajo prisión domiciliaria, o próximos a cumplir la totalidad de su condena.

El cupo laboral para presos sería fijado en el cinco por ciento del total, y tendría por objetivo lograr la reinserción social de los beneficiarios.

El proyecto de Blanco fue presentado en forma conjunta con la Dirección Provincial de Control y Asistencia Post Penitenciaria.

La iniciativa beneficiaría a unos cuatro mil reclusos y establece que el Estado se haga cargo por tres años de la mitad del pago de ingresos brutos por cada empleado. Además, determina la capacitación laboral permanente y gratuita para los presos con la posibilidad de acceder a financiamientos de hasta diez mil pesos por parte del gobierno provincial para emprendimientos familiares o cooperativas, como también una ayuda de cuatro mil pesos proveniente del Estado nacional, a través del Ministerio de Trabajo.

El director Provincial de Control y Asistencia Post Penitenciaria, Pablo Bufarini, señaló que se busca “ofrecer herramientas para la inclusión”, considerando que el trabajo es un instrumento socializador.

Bufarini explicó que las personas que formen parte del programa, sólo lo podrán hacer con permiso judicial y que para acceder a él deberán atravesar un proceso de evaluación por un equipo interdisciplinario, que los seguirá durante el tiempo que dure su trabajo.