El Gobierno nacional oficializó la ley 27.345 sancionada por el Parlamento nacional, que tiene como objetivo promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular.
Por medio del Decreto 1293/2016 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional promulgó la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019 de la denominada ley de Emergencia Social sancionada recientemente por el Congreso, por la cual se busca garantizar una serie de derechos a los trabajadores, como el acceso a la alimentación y la vivienda.
“La presente ley tiene por objeto promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”, se consigna en el artículo 2 de la norma.
Asimismo, también se le da creación al “Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario”en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social para determinar los lineamientos a seguir en el cumplimiento de los objetivos de la ley, así como también el “Registro Nacional de la Economía Popular” para posibilitar la inscripción de los trabajadores de la Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios del Registro.
Por otra parte, la norma faculta a la jefatura de Gabinete a efectuar las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias para proveer fondos hasta 25.000 millones de pesos para su implementación, otorgado además la posibilidad de ampliar a 5.000 millones más dichas reasignaciones.
