La Asociación por los Derechos Civiles presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General y el Consejo de la Magistratura para solicitar que se elimine o se reduzca “sustancialmente” la feria judicial. Asimismo, también pidieron que se amplíe el horario de funcionamiento de los juzgados nacionales, de seis a ocho horas laborales.

Desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) recordaron que según lo establece el Reglamento para la Justicia Nacional, los tribunales nacionales interrumpen su funcionamiento durante todo el mes de enero y durante dos semanas en el mes de julio, así como prescribe que el horario laboral sea de un mínimo de seis horas diarias por lo que, a su entender, la normativa está en grave conflicto con pautas constitucionales y Pactos Internacionales suscritos por Argentina que aseguran a los habitantes del país el derecho al acceso permanente a la Justicia y a la resolución de las controversias y procesos judiciales en un plazo razonable.

“Desde ADC, no reconocemos beneficio alguno para sostener la continuidad de una práctica que, dicho sea de paso, no se da en los otros ámbitos del Estado: en ninguna de las dependencias del Poder Ejecutivo y sus entes descentralizados, se verifica una feria tan prolongada; mientras para el Poder Legislativo, el período de sesiones está limitado por la Constitución”, indicaron por medio de un comunicado.

La ONG, además, afirmó que el aumento de los días de funcionamiento del servicio de Justicia aceleraría los procesos judiciales. “Si bien es cierto que durante la feria judicial se mantienen jueces para atender las situaciones urgentes, la jurisprudencia es muy restrictiva en la habilitación de feria, lo que es comprensible en tanto sería imposible que un tribunal absorbiera la actividad de todos los otros en simultáneo durante el período de feria”, opinaron.

“Entendemos que un sistema de estas características resulta incompatible con el concepto de ‘Acceso a la Justicia para todos los ciudadanos’; así como con la credibilidad que deberían merecer quienes tienen, ni más ni menos, que la responsabilidad de resguardar nuestra Constitución y todos los derechos que de ella se derivan. Es hora de abogar por cambiar esta situación”, concluyeron.