El proyecto es resultado del trabajo de una comisión formada por funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Justicia, y fue creada por el gobierno anterior al de Cambiemos, el del kirchnerista Francisco Pérez.

Uno de los motivos para impulsar un cambio es la lentitud que actualmente tienen los procesos judiciales, los que en promedio tardan cuarenta meses en resolverse, de acuerdo con lo que precisó días atrás el presidente de la Corte, Pedro Llorente.

Llorente señaló en la apertura del año judicial que en 2016 ingresaron al fuero civil 57 mil causas, de las cuales 13 mil sólo en los juzgados del Gran Mendoza.

El magistrado afirmó que la tasa de resolución es del 44 por ciento, y responsabilizó por las demoras al Poder Judicial, cuyos procesos son escritos, “lentos y burocráticos”, y a la “cultura de los abogados” que colaboran para que todo se convierta en un procedimiento tortuoso.

La mayor celeridad en los procedimientos de los conflictos civiles tendría, además, una consecuencia favorable en los costos para el Estado, que resultarían sensiblemente menores en el funcionamiento judicial.

El proyecto, podrá comenzar a ser discutido en las comisiones legislativas, pero se presume que tendrá un pronto despacho.