Se trata de un episodio ocurrido a fines de noviembre del año pasado, cuando en la Universidad fue hallado “un sobre con escrituras presuntamente árabes, que contenía una sustancia pulverulenta”.

Esa situación “motivó el retiro del personal y de los estudiantes con anterioridad a que se adoptaran las medidas de seguridad por el personal policial”.

En ese contexto se trabó un conflicto de competencia entre un juzgado local y otro federal, lo que motivó la intervención de la Corte Suprema.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, siguiendo un dictamen del procurador general adjunto Eduardo Casal, determinó que corresponde intervenir en la investigación a la Justicia federal.

El primer paso de la investigación será peritar la sustancia que contenía el sobre con las inscripciones escritas en un idioma extranjero.

“No puede descartarse, a esta altura de la investigación que el hecho haya tenido por finalidad lograr que un número indeterminado de personas abandonen el establecimiento universitario lo que, finalmente, aconteció afectando la normal prestación del servicio”, opinó el procurador Casal y suscribió la Corte.