La iniciativa fue de legisladores del Frente Renovador, de UNA y Avancemos, y del Partido Agrario y Social, considerando en la opinión de que es una medida injusta.

Noelia Leyría, del Frente Renovador, adelantó que el gobierno provincial realiza un registro de las personas que perdieron el beneficio, entre las que contó 700 sólo en Posadas.

Silvia Rojas, de UNA, explicó que la beneficiaria de las pensiones es “una población con escasos recursos, poca instrucción educativa, que por ahí no tienen la capacidad de realizar un trámite lejos de sus hogares”. “Una pensión por discapacidad supera apenas los cuatro mil pesos pero tiene algo muy importante que es la cobertura médica que excede lo que ellos cobran, eso es lo grave”, dijo.

Por su parte, Oscar Alarcón, también de los renovadores, sostuvo que “un 10 por ciento de los 30 mil nacidos en Misiones tienen un grado de discapacidad que necesitan asistencia y tratamiento médico y seguimiento. No lo digo porque leo en las redes sociales, sino porque vivo toda la vida”, recalcó el legislador que es médico pediatra.

Finalmente, Martín Sereno, de Agrario y Social, manifestó que el Gobierno nacional “como no les cierran los números, está gente está cortando derechos adquiridos. No tocan a las mineras ni los agroexportadores. Esperamos que la provincia se ponga firme. Manifiesto mi más profundo repudio a estas políticas”.