La decisión fue tomada por la Sala I de la CFCP con los votos de los camaristas Eduardo Riggi y Liana Catucci y la disidencia de Ana María Figueroa.

La mayoría evaluó que el procesamiento de Daura, que incluyó un embargo de 800.000 pesos, no constituye una “sentencia definitiva” ni impide proseguir el proceso, tales los requisitos que habilitan la intervención del máximo tribunal penal de la nación.

Riggi y Catucci ratificaron el fallo de la Sala II de la Cámara Federal que hace un par de meses confirmó los procesamientos que en mazo último el juez Claudio Bonadio les dictó, entre otros, a Daura y al ex secretario general de la presidencia durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli, por presunta defraudación al Estado Nacional.

En la causa se investigan maniobras defraudatorias que se habrían concretado en el marco de la licitación pública 16/13 para la impresión del libro en la Casa de Moneda.

Según la Sala II de la Cámara el trabajo no se hizo pero se pagaron 800.000 pesos, en un proceso licitatorio “direccionado”, porque “se escogió de antemano la sociedad que resultaría adjudicada” y “se consintieron los procederes que derivarían en las consecuencias lesivas para los fondos públicos”.

Ese tribunal consideró que se había “afectado” el patrimonio de la Casa de Moneda y que hubo una “notoria desatención” por parte de los funcionarios que tenían confiado esos intereses.

Para la Sala II de la Cámara Federal hubo un “uso indiscriminado de un patrimonio de carácter público, sorteando los canales regulares y sin provecho final alguno” para el Estado.

Daura “dio curso a las compras que implicaron perjuicios para el patrimonio estatal, cuando había signos claros de que podría generarse ese resultado” y “lo hizo sin la intervención del directorio de Casa de Moneda -órgano de gobierno-, cuando ello correspondía y era reglamentaria y habitualmente cumplido.