En el marco de la conferencia “La lucha contra la corrupción: avances y retrocesos en Sudamérica y en la Argentina”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, sostuvo que la lucha contra la corrupción se ha transformado en política de Estado en el país, al tiempo que remarcó la importancia de contar con una ley de responsabilidad penal empresaria (acaba de recibir media sanción por parte de la Cámara de Diputados).

Junto al funcionario nacional, también expusieron Isabel Groba Viera, procuradora del equipo fiscal de la causa Lava-Jato (Brasil); y José Ugaz, presidente de Transparency International y ex procurador de la causa Montesinos-Fujimori (Perú).

Garavano, por su parte, destacó que la Argentina  es uno de los pocos países del mundo en el que las personas jurídicas no tienen responsabilidades penales y que el objeto de la mayoría de los casos de corrupción es obtener dinero, por lo cual la ley que se está tratando en el Congreso es el mejor mecanismo de prevención ya que las empresas tienen que tener un costo.

“Es un avance para que la Argentina cumpla con los compromisos internacionales asumidos. Estamos adecuando la legislación para dejar de ser el único país de la Convención OCDE en el que sus empresas no puedan ser sancionadas por corrupción”, expresó el ministro en alusión a la iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo en el Parlamento para que las empresas sean penalmente responsables y colaboren para identificar a los funcionarios involucrados en los casos de corrupción.

“Lamentablemente los precedentes en nuestro país no son buenos. La Justicia tiene una deuda en materia de corrupción; es necesario que las causas lleguen a juicio oral y público para que se compruebe si los delitos existieron y de dónde provenían los fondos. A la duración de los procesos tenemos que agregarle que menos del 1 por ciento de los delitos simples tienen condena”, señaló Garavano.