El diputado provincial bonaerense del Frente Renovador, Pablo Garate, propuso que se “congele” cualquier movimiento tarifario de los servicios públicos desde la fecha de vigencia de la última actualización hasta los tres meses anteriores a la aplicación de nuevos valores, así como también que tengan una estabilidad mínima de seis meses.

En ese sentido, el impulsor del proyecto de ley remarcó la importancia que tendría su aplicación para sancionar una normativa que vaya más allá de los gobiernos de turno, y que la misma sea en defensa y protección de los usuarios que muchas veces quedan a merced de abusos por parte de las empresas prestadoras de servicios.

“Hoy el poder adquisitivo de los trabajadores se ve afectado por la inflación que sufren los alimentos y con los tarifazos. Por eso, resulta importante que el mecanismo de aumento en las tarifas de los servicios venga acompañado por el de los sueldos”, explicó Garate.

El proyecto contempla a todas las empresas prestatarias de servicios públicos como el transporte, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal, entes autárquicos, empresas privadas, o cooperativas concesionarias de servicios y peajes, entre otras.