La medida benefició a los tres uniformados, quienes fueron imputados por las diferencias entre el dinero consignado en las actas de allanamiento y el que realmente había sido secuestrado.

En un allanamiento realizado en mayo pasado en una causa por falsificación de dinero, “no fueron consignadas la totalidad de las personas que participaron en él y se dejó constancia del hallazgo de sumas de dinero muy inferiores a las realmente encontradas. Tal diferencia ascendió cuanto menos a U$S 30.000 conforme”, sostenía la imputación contra los uniformados.

No obstante, los camaristas Luis María Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi explicaron que “para saber si en el acta hubo omisiones -y si ellas fueron intencionales-, es fundamental conocer cuáles fueron las instrucciones que recibió el personal policial por parte del tribunal” a cargo del juez federal Luis Rodríguez, que fue quien ordenó el allanamiento.