Los bloques del Frepam y del PRO pidieron al peronismo tomarse un poco más tiempo para analizar la situación.

En una reunión realizada en la comisión de Legislación General, los representantes de los martilleros y de las inmobiliarias defendieron la ley vigente. Pedro Arpigiani, de la Cámara de Inmobiliarias, consideró que la propuesta “de trasladar los costos de una parte a otra”, quedando el pago de la comisión en los dueños, “sería distorsiva”.

Arpigiani indicó que el servicio inmobiliario “es optativo” y “el que lo elige debería pagarlo”, agregando que según la normativa vigente “una de las partes puede asumir la totalidad de los honorarios”. El peronista Jorge Lezcano dijo que el proyecto “tiende a generar un equilibrio” porque “quien tiene que alquilar no está protegido, y no tiene posibilidades de elegir”.

El radical Carlos Bruno señaló que el costo se va a trasladar al precio del alquiler”, con lo que el proyecto “es para la gilada” porque “no se puede aplicar”. A su vez, la diputada del PRO, Josefina Díaz, pidió “tener en cuenta a todos los sectores”.

Las autoridades del Banco de La Pampa se mostraron dispuestas “a colaborar” pero aclararon que “se trata de un crédito, un aval bancario” al que deberían ingresar los inquilinos si se dispone crear un sistema de garantías.