El proyecto establece exigencias como la definición de las condiciones sobre las que se va a concretar la urbanización o loteo, como el trazado de calles, la obligatoriedad de espacios públicos, la implementación de los servicios y el impacto ambiental.

Bordet ya había anunciado que impulsaría esta iniciativa en su discurso ante la Asamblea Legislativa, para “solucionar numerosos problemas” que provocan algunas empresas que se radican fueras de los ejidos urbanos y que luego exigen servicios. Según se informó, se tuvieron en consideración trabajos de gestiones anteriores.

Un aspecto que se tuvo en cuenta es el importante rol del Estado a la hora de regular las etapas y requisitos que imprime el trámite administrativo para la presentación y posterior aprobación de proyectos de subdivisión y urbanización de inmuebles rurales. Se prevé en esta iniciativa los requisitos mínimos que deben observarse, para generar un marco normativo que regula dichos fraccionamientos.

Asimismo, se tendrá en cuenta la necesidad de prevenir probables efectos no deseados en el territorio, producto de la aplicación de las normas vigentes que no contemplan las nuevas dinámicas y efectos territoriales de la subdivisión de inmuebles rurales.