Los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti ratificaron las condenas contra dos ciudadanos bolivianos y dos de nacionalidad coreana, por “reducción a la servidumbre, facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio argentino agravado por haber hecho de ello una actividad habitual”.

La causa se inició por denuncia de la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, y contó con la colaboración de la organización La Alameda, dedicada especialmente a combatir la trata de personas en todas sus formas.

El tribunal dio por probada la existencia de “talleres textiles de costura y confección de ropa” con el fin de “obtener directamente un beneficio económico a partir del empleo de migrantes ilegales, bajo condiciones laborales completamente irregulares”.

Los imputados fueron condenados por “el mantenimiento de aquéllos trabajadores migrantes sin el registro obligatorio, falta de pago de cargas sociales, fijación de magros salarios sin el más mínimo control y muy por debajo de los valores establecidos para dicha actividad en los convenios, mayor carga horaria en las jornadas de trabajo, y la falta total de condiciones de higiene y salubridad en los ámbitos donde se desarrollaban las tareas”.