El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio Público de Escribanos suscribieron un convenio de colaboración para la Regularización Urbana y Dominial (RUD) de barrios populares, mediante el cual se acordó un costo de $3.000 más IVA de honorarios por cada escritura, más gastos dentro del primer año, monto que será actualizado cada año. Además y para facilitar el cobro de gastos y honorarios, el Colegio adelantará los mismos a los escribanos y la Ciudad se los reintegrará posteriormente.
Los barrios populares incluidos en el convenio son nueve: Barrio Rodrigo Bueno, Barrio 20, Barrio Los Piletones, Barrio Lamadrid, Barrio 59 viviendas, Barrio Padre Carlos Mugica (Barrio 31 y Barrio 31 bis), Barrio 21-24, Barrio Fraga, y Barrio 15.
Según informaron, el Colegio se comprometió en el documento a integrar una nómina de escribanos para este proyecto social de reurbanización, quienes serán designados como integrantes de la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad. Esa lista -agregaron- podrá ser modificada por Colegio cada tres meses para lograr una redistribución del trabajo que se genere a raíz del convenio.
Además, determinará costos diferenciales para las escrituras de barrios populares, en conceptos como Derecho de escritura, aporte notarial, Sellos, Matriz y Testimonio, foja elaborada, liquidaciones y liberaciones, inscripción al Registro de la Propiedad Inmueble, diligenciamiento de certificados, derecho de escritura adicional y aporte fijo a Colegio.
Por su parte, la Ciudad se comprometió a obtener y entregar al Colegio la documentación completa de las partes intervinientes, así como también los planos aprobados, la identificación de la unidad, lote o parcela, que le corresponde a cada parte, tanto en el plano como su identificación de campo.
También propondrá las modificaciones normativas que resulten necesarias para la exención del impuesto de sellos para estas escrituras; la excepción a la obligación legal por parte de los escribanos a solicitar y confeccionar los certificados F1 y F3 de deuda municipal y de cambio de titularidad; así como se compromete a lograr la reducción de los costos registrales, tanto de inscripción como en lo que a costo de expedición de certificados de dominio e inhibiciones.
“El convenio tendrá una vigencia de dos años, prorrogable automáticamente por igual período, salvo que alguna de las partes comunique a la otra su voluntad de no prorrogarlo con una anticipación de no menos de treinta días. En caso de prórroga, los honorarios se adecuarán cada año prorrogado”, precisaron desde la administración porteña por medio de un comunicado.
