El ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, firmó junto a su par de Nación, Germán Garavano; y con la directora del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), dependiente de la Jefatura de Gabinete, Milagros Maylin, un convenio para garantizar el acceso a la Justicia en barrios de asentamientos del conurbano bonaerense.

Con la rúbrica del mismo, se acordó llevar a cabo acciones conjuntas para lograr mayor acceso a la Justicia en condiciones de igualdad para los habitantes del barrio Itatí de Quilmes, Porá de la localidad de Lanús, Carlos Gardel del municipio de Morón, Costa Esperanza de San Martín, Libertad de Almirante Brown, y el barrio La Cava de la localidad de San Isidro.

El convenio establece que se impulsarán proyectos que apunten a realizar relevamientos sobre las necesidades jurídicas insatisfechas en esos lugares; la instalación de equipos territoriales provisorios para atender requerimientos socio-legales de los habitantes, así como también la puesta en marcha de Centros de Integrales de Justicia (CIJ) para facilitar la presencia de organismos públicos relacionados con el acceso a la Justicia.

“Este convenio va en sintonía con uno de los ejes de nuestro gobierno y el Gobierno nacional, que es el de consolidar el Estado de Derecho y atender a los principios constitucionales para que el sistema de Justicia de respuesta a las crecientes demandas de la población”, manifestó Ferrari.

El funcionario bonaerense, además, consideró que se trata de un paso más en busca de suprimir las barreras que restringen el ejercicio pleno de derechos de los habitantes de los barrios de asentamiento de la Provincia de Buenos Aires, dentro del proceso de urbanización e integración social y urbana que encararon.

Por su parte, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos nacional, explicó que “estos centros son la puerta de acceso a todos los servicios del Estado, y que en estas oficinas los vecinos podrán hacer trámites de reincidencia, acceder a la tarifa social, a programas sociales, tramitar documentación personal, iniciar mediaciones comunitarias. “Además -prosiguió- con un abogado, un psicólogo y un trabajador social se colaborará en casos de violencia de género o doméstica, temas de conflictos laborales o denuncias penales, consultas por PAMI o ANSES”.

“Trabajamos día a día para estar cerca de los vecinos que menos tienen, y así garantizar la igualdad de oportunidades”, completó Garavano.