El proyecto contempla que el Poder Ejecutivo excluya del Registro de Licitadores de la Provincia a todas las empresas que hayan reconocido judicialmente el pago de coimas, “aportes de campaña” o cualquier otro pago ilegal, por la adjudicación de contratos de obra pública.

“Las empresas involucradas no pueden ser partícipes de negocios con el Estado y mucho menos recibir subsidios para desarrollarse. Es hora de poner blanco sobre negro en los hechos, no solo en las palabras; si esto no se cambia, nada habrá cambiado, hablando de cambio”, señaló el legislador.

Hernández sostuvo: “¿Cuál es el tema de la obra pública? Si una obra pública, por ejemplo, cuesta diez mil en la carterización, las empresas se ponían de acuerdo entre ellas y en lugar de pasar diez mil pasaban trece o catorce mil en lugar de diez, con lo cual estaban aumentando un cuarenta por ciento el precio de la obra. Con eso hacían retornos a los sectores del Gobierno que estaban involucrados, que obviamente no eran todos, pero sí muchos de los que estuvieron en obras públicas durante doce años”.

“Resulta que ahora nos encontramos con que los empresarios dicen que se arrepienten, entonces delatan algunas cosas, hablan de algunas cuestiones, pero no devuelven el dinero y además siguen trabajando en la obra pública. La mayoría de las grandes empresas que han tomado licitaciones y tienen hoy trabajo en el Estado son responsables de lo que sucedió. Estas empresas han crecido al calor de la corrupción”, agregó.