El proyecto fue presentado por el diputado Gabriel Romero (Frente Renovador).

La prohibición alcanzará a todos los comerciantes de la provincia que pongan condiciones a la hora de cargar saldo en la SUBE y en las tarjetas de telefonía celular, televisión satelital, estacionamiento y demás servicios prepagos.

Romero explicó que “la idea surge por las quejas de la gente, porque están los que le cobran un redondeo, los que directamente imponen un cobro de dos o cinco pesos por encima del monto a cargar, o los que obligan a los clientes a hacer una compra para prestar el servicio”.

“Es entendible que un kiosquero piense en la rentabilidad, pero deben respetar la voluntad del consumidor y, en el caso puntual de la tarjeta SUBE, la carga de saldo es una necesidad para movilizarse, no pueden imponer montos adicionales para usar el transporte público”, agregó.

Con la futura ley, las “avivadas” de los comerciantes serán consideradas “práctica abusiva” y se sancionarán con multas que van de los 100 a los 5 millones de pesos, según la reincidencia y la gravedad del caso.