Los hechos ocurrieron el 25 de junio de 2015,  cuando los choferes resolvieron en asamblea de trabajadores que, como protesta por el despido de un empleado, decidieron cancelar las máquinas para cobrar el pasaje y transportaron gratis a los pasajeros.

“Corresponde profundizar la investigación a fin de colectar elementos de convicción idóneos y suficientes”, dijo la jueza.

De esa manera, apunta a “determinar si hubo perjuicio económico y en cuánto asciende el mismo elemento necesario para que se configure la conducta endilgada a los encartados”, pues “hasta el día de la fecha no se estima cuánto es la suma aproximada por la que fueron damnificados, como así también toda otra medida que el fiscal considere de importancia”.