Según resolvió la Cámara Federal porteña, “la causa se inició en virtud del sumario confeccionado por la División de Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la PFA, ante la recepción de un llamado telefónico en el que se refirió que se colocaría una bomba para atentar contra el Presidente de la Nación”.

La amenaza, tal como todas las otras que merecieron investigación judicial, se reveló falsa, pero igualmente consiguió movilizar todo el aparato de seguridad que rodea al Jefe del Estado.

El expediente fue enviado al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, puesto que ese llamado fue recibido en la capital bonaerense, en el contexto de una actividad que realizó allí el Presidente Macri.

La mayoría de los expedientes abiertos con anterioridad aún están en trámite, pero con escasos o nulos avances.