El impulsor del proyecto fue el legislador radical Javier Bee Sellares, y contó con el apoyo del bloque oficialista Unión por Córdoba (peronismo).

“Esta herramienta le permitirá a los jueces de la Provincia de Córdoba, desentrañar organizaciones criminales y esclarecer los considerados delitos complejos, entre ellos, los vinculados a la administración pública más comúnmente llamados delitos de corrupción”, explicó Bee Sellares.

“La diferencia sustancial con la ley nacional es que hacemos hincapié en una demanda de la sociedad para que el imputado arrepentido devuelva los dineros, efectos o bienes mal habidos”, remarcó el legislador radical.

“En el caso que el juez que homologó el acuerdo y lo considere un arrepentido no pueda corroborar los dichos o manifestaciones del delator, deberá aplicar el instituto de la prisión preventiva ante la eventual existencia del peligro de entorpecimiento en la investigación”, agregó.

La ley establece que “el Ministerio Público Fiscal podrá celebrar, desde el inicio de la investigación y hasta que aquél la estime cumplida, acuerdo escrito de colaboración con las personas físicas que brindaren información como imputados arrepentidos, conforme al artículo 41 ter del Código Penal de la Nación”. Además, que “la información que se aporte debe referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe el imputado arrepentido y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor que aquél”.