Los aliancistas pidieron al máximo tribunal que habilite la feria judicial de enero, declare su «competencia originaria» en el caso y «dada la urgencia y gravedad de la situación denunciada, la gravedad institucional que se vive en la provincia de La Rioja y la inminencia de los actos cuya nulidad e inconstitucionalidad se plantean», haga lugar a una medida cautelar urgente para «suspender el proceso de consulta popular». Como cuestión de fondo, se le pidió al máximo tribunal hacer lugar a la demanda y dejar «sin efecto la ley de enmienda 10.161 y decretos dictados en consecuencia».

El recurso fue presentado por el presidente de la UCR de La Rioja, Héctor Olivares, y el interventor del PRO La Rioja, Marcelo Wechsler, ambos diputados por esa provincia, con el patrocinio del abogado Ricardo Gil Lavedra.

«Se impugnará en esta presentación la inconstitucional convocatoria a una consulta popular obligatoria para el próximo 27 de enero de 2019 en la provincia de La Rioja para tratar de convalidar una enmienda constitucional viciada. De producirse esa circunstancia, ello acarreará una grave degradación institucional y política para la provincia, afectándose los principios republicanos que deben tener vigencia en todo el país», advirtieron.