Se trata de Ernesto Guillermo “El Nabo” Barreiro, quien está detenido actualmente en Campo de Mayo pero pidió en varias oportunidades que se le conceda la prisión domiciliaria.

En la última ocasión, el Tribunal Oral Federal número uno de Córdoba rechazó, el 28 de diciembre de 2018, concederle ese beneficio.

Pero en plena feria judicial de enero, el mismo tribunal concedió un recurso de Casación, con lo que habilitó la revisión de la decisión ante una instancia que se muestra favorable en los últimos tiempos a acceder a los pedidos de prisión domiciliaria de represores.

El pedido de Barreiro fue presentado por su defensora oficial, Evangelina Pérez Mercau.

Barreiro estaba llamado a declarar ante un tribunal por violaciones a los derechos humanos en 1987 pero se negaba a concurrir. Ante la posibilidad de una detención y la citación por la fuerza, Aldo Rico y los carapintadas se alzaron en armas contra el gobierno de Raúl Alfonsín.

Como consecuencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Barreiro quedó al margen de las investigaciones hasta que durante el gobierno de Néstor Kirchner el Poder Judicial dictó la nulidad de esas normas y reabrió las investigaciones contra militares acusados por crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1983.