La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires denunció que los cambios que introdujeron los nuevos contratos de Participación Público Privado (PPP) en las concesiones de los corredores viales tendrán un impacto negativo en los ciudadanos, dado que las empresas dejarán de hacerse cargo de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios en estas rutas nacionales que atraviesan la Provincia.

Según explicaron por medio de un comunicado, la nueva disposición determinó que en caso de un siniestro en la ruta, serán los municipios en los que se produzca el hecho los que deban hacerse cargo de los servicios de emergencias que antes le correspondía a las empresas, lo que tendrá un claro impacto en las finanzas comunales.

“Los municipios deberán enfrentar estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y sí garantizarle los negocios a las empresas”, expresó al respecto el Defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino.

En efecto, la polémica medida alcanzará a los corredores viales A (rutas nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205).

Es por ello que ante ese escenario, la Defensoría envió notas a todos los municipios afectados y expresó su preocupación por el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandará estas prestaciones.

“Pareciera que la única política del gobierno es ir en contra de los usuarios, por lo que analizamos presentarnos ante la Justicia para que se revea esta situación que golpea a los municipios y afecta a los ciudadanos”, agregó el ombudsman bonaerense.