La iniciativa cosechó el voto favorable de Cambia Mendoza, Protectora, PI y el bloque del PJ, y votaron en contra el FIT y Unidad Ciudadana (UC).

El proyecto aprobado “prevé que esta acción procesal se concrete cuando se presuma que ciertos bienes han sido adquiridos tras la realización de los siguientes delitos: prostitución de menores, comercialización de pornografía infantil, proxenetismo, secuestros, fraude en la administración pública, asociación ilícita y otras formas de corrupción”.

La iniciativa establece que los bienes recaudados obtenidos serán administrados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, mientras que los ingresos que lleguen a Rentas tras las subastas previstas serán destinados a la “construcción y reparación de escuelas públicas en la Provincia”.

En caso de que la persona “sospechada sea declarada inocente, se le devolverá lo decomisado gracias a la creación de un Fondo de Garantía”, añadió la norma.

Durante el tratamiento en el recinto, el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Jorge Albarracín (UCR), explicó que esta iniciativa “busca atacar a los delitos que tienen una ganancia económica”.

“Se busca que una vez que la persona está imputada por un delito y se considera que hay determinados bienes que puede haber adquirido por esos delitos, se saca una compulsa para la justicia civil, y la justicia civil inicia una acción de extinción de dominio en donde el imputado tiene que demostrar como demandado, cómo esos bienes ingresaron a su patrimonio”, explicó.