La presentación internacional fue realizada ante la Relatoría sobre Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, que fue llamada a intervenir después de un pronunciamiento severamente crítico de la Relatoría sobre Privacidad del organismo multinacional.

«En el ejercicio de mi profesión, entre otras cosas, defiendo ante los tribunales federales de esta ciudad a distintas personas que se encuentran detenidas, en prisión preventiva y sin cumplir ninguna condena, en el Complejo Penitenciario Federal I con asiento en la localidad bonaerense de Ezeiza. La gran mayoría resultan ex funcionarios de Gobierno (entre ellos, el ex vicepresidente de la Nación y otros funcionarios ejecutivos del alto rango), los que se encuentran alojados en los Pabellones de ese Complejo, y son estigmatizados mediáticamente», explicó Rúa.

«En relación con ellos, se ha hecho público que en el marco de una investigación judicial federal sobre presuntas cuestiones vinculadas con el narcotráfico y que dicen que involucran a una persona alojada en ese mismo módulo, se ordenó la interceptación de todas las comunicaciones, no sólo de los teléfonos públicos de ese Pabellón `A´, sino además la de todos los teléfonos públicos que existen en los otros Pabellones», añadió.

En el escrito ante el jurista de la ONU, Diego García Sayán, Rúa subrayó que «se concretó, por muchos meses la indiscriminada grabación de todas las conversaciones telefónicas de toda esa población penitenciaria».