Los fiscales Carlos Amad y Ángeles Ramos pidieron la pena de 15 años de prisión para Lona por su actuación en el caso del secuestro y desaparición del ex gobernador local Miguel Ragone, ocurrido dos semanas antes del golpe de Estado de 1976.

En cambio las tres querellas reclamaron que se recalifique el delito imputado a Lona, no ya como encubridor del hecho sino como «partícipe necesario» y, en consecuencia, consideraron que debe aplicársele la misma pena que a los autores materiales, es decir, el máximo que establece el Código Penal.

La fiscalía, por su parte, consideró que Lona (quien se desempeñó como juez hasta agosto de 2003, con la protección de un sector del propio Poder Judicial)  aseguró  la impunidad de los autores y partícipes del secuestro de Ragone.

Lona también está acusado por el asesinato de Santiago Arredes, el almacenero al que le dispararon los secuestradores de Ragone en su huida, y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, quien estaba circunstancialmente en la escena de los hechos y recibió un disparo que la dejó malherida.

“A Arredes no se le hizo la autopsia, a Leal no la llamaron a declarar, el auto de Ragone no fue peritado, no fueron llamados los testigos a declarar, no se investigó nada», sostuvieron las querellas al justificar que Lona no sólo encubrió sino que fue parte del plan urdido para secuestrar al ex funcionario salteño.

Otra de las querellas recordó que Lona era juez subrogante y fue designado de manera definitiva en noviembre de 1975, inmediatamente después de su inacción ante una serie de casos de violencia política previas al golpe de Estado que causaron al menos 14 desapariciones y asesinatos.