“Zurdita de mierda, te vamos a hacer mierda”, dijo una voz anónima mediante un llamado telefónico al despacho de Bregman.

La investigación permitió determinar que el teléfono desde el que partió el llamado pertenecía a Facundo Pérez Lloveras, un abogado penalista de Córdoba.

Para la Justicia, se trató de una broma de estudiantes secundarios de esa provincia que no pudieron ser identificados.

«Estaba en la reunión de la comisión que está discutiendo primer empleo y allí denuncié dos cosas: la flexibilización que implica esa ley y que mis compañeros del sindicato de petroleros del sindicato de Avellaneda no se pudieron presentar porque no los dejaron presentar la lista». A los diez minutos de llegar a su despacho se encontró con el mensaje intimidatorio, recordó Bregman, sobre las circunstancias de aquella amenaza, ocurrida en 2016.

En su declaración indagatoria Lloveras aseguró que posee varias líneas de teléfonos móviles como parte de un plan corporativo de uso familiar y que la línea de la cual salió la amenaza era utilizada por su sobrino, un menor de 17 años.

El sobrino, a su vez, dijo que el teléfono le había sido quitado por unos compañeros de colegio que se lo devolvieron después de haber perpetrado la amenaza.

La Justicia, en tres instancias, creyó esa versión y cerró la causa.