El Primer Juzgado de Instrucción de San Juan será el encargado de la denuncia de cinco empresarios locales del rubro de la cal contra el sindicato de los Moyano por los “bloqueos que sufren diversas plantas productoras”.

El gremio reclama supuestos “montos adeudados por diferencias salariales, cuota sindical y aportes a la obra social”, pero las empresas niegan tal situación.

“Las acciones de fuerza comenzaron bajo el pretexto de reclamar montos adeudados por diferencias salariales, cuota sindical y aportes a la obra social. Las empresas negaron la existencia de tales obligaciones y en ese marco tuvo lugar una reunión con las autoridades nacionales del sindicato en su sede central de esta Capital Federal, en la que los representantes sindicales les habrían advertido que si se mantenían en la negativa, deberían evaluar los mayores costos derivados de la paralización de las plantas productoras”, explica el fallo.

“Luego de rechazar una nueva propuesta del sindicato, por considerarla improcedente, los bloqueos continuaron en las fábricas, que están ubicadas en distintas provincias”, añade el texto.

El procurador general interino, Eduardo Casal, opinó que “el conflicto entre las empresas y el sindicato se ha manifestado en diversos comportamientos ocurridos en diferente tiempo y lugar, sin embargo todos en última instancia culminaron en el bloqueo de las plantas productoras de cal como modo de exigir un pago cuyo título está en discusión”.

“En atención a que los actos con relevancia típica pudieron haber ocurrido en distintas jurisdicciones y que no serían expresión sino de un único hecho en sentido normativo, considero que asiste la razón al juzgado nacional en cuanto a que debe intervenir un solo tribunal, designado por razones de economía procesal”, evaluó Casal.

“Con arreglo a tal criterio, dado que la mayoría de los incidentes relatados tuvo lugar en la provincia de San Juan, en razón de encontrarse allí la mayor cantidad de plantas afectadas por las vías de hecho utilizadas por el sindicato, y teniendo en cuenta que las autoridades judiciales locales ya han prevenido en la investigación de varios de ellos, considero que corresponde al juzgado de San Juan continuar a cargo de la causa que originó la contienda”, concluyó.

La Corte coincidió con ese criterio y resolvió que la justicia local sanjuanina sea la encargada de investigar las conductas de los dirigentes de Camioneros.