La Casación confirmó una decisión del tribunal oral federal número tres, que extendió la prisión preventiva de cuatro ciudadanos de origen peruano.

Desde junio pasado, todos están siendo juzgados por los magistrados Javier Feliciano Ríos, Fernando Machado Pelloni y Andrés Basso por media docena de causas judiciales relacionadas con el narcotráfico.

La organización -y el juicio- se centra en más de 40 imputados que están siendo sometidos a proceso, en audiencias semanales en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

A todos se les imputa el “haber tomado parte de una organización destinada a ejecutar en el interior y fuera del asentamiento poblacional conocido como Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires y sectores de la provincia de Buenos Aires, actos relacionados con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes (incluyéndose entre los mismos la introducción, almacenamiento, fraccionamiento y distribución definitiva de distintas clases de narcóticos entre las que se verifican aquellas conocidas como marihuana, cocaína y sus derivados tales como “paco”), ya sea en grandes cantidades o en pequeñas porciones destinadas para el consumo personal”.

También se les reprochan “otras acciones de corte delictivo producidas, en general, en el marco de esa actividad (tales como el almacenamiento y uso permanente de todo tipo de armamento y municiones), con el claro objetivo de mantener la hegemonía territorial de la zona en que se produciría la mayor parte del emprendimiento criminal en cuestión”.

Los jueces de Casación Mariano Borinsky y Javier Carbajo determinaron que “de recuperar su libertad, los encartados intentarán eludir la acción de la justicia”.

El mismo tribunal confirmó en otro expediente la prórroga de la prisión preventiva para un  colombiano acusado de liderar una banda que creó un sofisticado método de contrabando de cocaína denominado “narcoarroz”.