La comitiva de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que estuvo encabezada por su titular, Jorge Luis Di Fiori; y por los vicepresidentes Eduardo Eurnekian y Alberto Grimoldi, le acercaron al primer mandatario propuestas en torno a dos ejes.

El primero de ellos, se refiere a la posibilidad de establecer un aislamiento social selectivo, que permita un paulatino regreso a la actividad, mediante la autorización de tareas presenciales solamente a trabajadores, fuera de los grupos vulnerables, que residan en, por ejemplo, un radio no mayor a 5 km de distancia del lugar de trabajo para la primera etapa, luego de 20 km para la segunda, y así sucesivamente.

Además, sugirieron el establecimiento de horarios especiales para evitar la generación de “horas pico” en los medios de transporte (en la primera etapa jornadas de 6 horas y luego ampliarlas gradualmente), así como también la flexibilización de las restricciones que afectan la logística del comercio electrónico, clave en este momento como alternativa al canal tradicional.

“Es indispensable permitirles a los comerciantes ir hasta sus locales o depósitos, con una dotación de empleados limitada y sin atención al público, para que puedan vender y despachar los pedidos directamente a través de un servicio de paquetería, correo o fletes habilitados”, consideraron.

Asimismo, también solicitaron una amplia simplificación de trámites burocráticos y una pronta apertura, al menos parcial, de las sucursales bancarias, indispensable para la realización de ciertas operaciones.

El segundo de los ejes propuestos por la CAC, en tanto, consistió en medidas de apoyo financiero e impositivo a las empresas a través de, por ejemplo, el otorgamiento de un préstamo instantáneo y directo, a tasa cero, que se acredite en las cuentas sueldo de los trabajadores. En ese sentido, el monto del mismo debería ser equivalente a la diferencia entre el salario del trabajador y el pago que efectúe la ANSES (Asignación Compensatoria al Salario) o el Ministerio de Trabajo (Repro Asistencia por la Emergencia Sanitaria), según DNU 332/2020, de creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Al mismo tiempo, se sugirió la postergación de pagos de los aportes personales y aportes y contribuciones y ART correspondientes a los sueldos de marzo y abril (apertura de un plan de facilidades de pago en seis cuotas para su cancelación con vencimiento a partir de los 60 días de finalizado el período de aislamiento).

Por otra parte, la entidad pidió la exención del 100% del pago de contribuciones patronales de los sueldos de marzo y de abril, extensible a los meses siguientes según la evolución de la pandemia y de sus consecuencias, y la postergación de los vencimientos de impuestos que operaban en abril de los tres niveles de gobierno (IVA, impuesto a los débitos y créditos bancarios, Anticipos de Ganancias, Ingresos brutos y tasas municipales), junto con la suspensión por dos meses de todos los regímenes de recaudación anticipada de los tres niveles de gobierno (retenciones y percepciones).