El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, le solicitó a  la Suprema Corte de Justicia bonaerense que instruya a los distintos fueros a que se abstengan a dictar medidas que conduzcan a ejecuciones hipotecarias y al desalojo de inmuebles, con la intención de garantizar el derecho a la vivienda en el marco de la cuarentena por el coronavirus.

Con este pedido, el organismo busca que el Máximo Tribunal de Justicia provincial le ordene a los fueros civil y comercial y al penal que mientras dure la emergencia sanitaria no emitan sentencias que afecten a individuos o a grupos masivos de personas que vean amenazado su derecho a la vivienda, cuya vigencia actualmente es imprescindible por la obligación de tener que quedarse en las casas.

“En la Provincia existe un serio déficit habitacional, una condición que favorece al avance del coronavirus. Hay que asegurar que las familias no se vean obligadas a abandonar sus viviendas, sobre todo en este contexto de alta incertidumbre, deterioro socioeconómico, y en el cual el hogar se constituye como el espacio fundamental en el que se desenvuelve la vida diaria”, manifestó al respecto el ombudsman bonaerense.

Asimismo, la Defensoría recomendó un documento elaborado por la Secretaría de Hábitat, Tierra y Vivienda del organismo, que refleja el trabajo del área en el desarrollo de protocolos para evitar desalojos forzosos, una medida que resulta indispensable ante la actual situación de emergencia.