El máximo tribunal penal avaló la extensión de la preventiva “por el término de un año, a partir del 11 de junio próximo”.

El tribunal declaró “inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa” y le encomendó “al órgano de juicio que sería conveniente, en la medida de sus posibilidades y en virtud del contexto de emergencia sanitaria actual, que se arbitren los medios necesarios a fin de fijar fecha de audiencia dentro del plazo de la prórroga dispuesta” para realizar el juicio oral.

Los jueces Javier Carbajo y Gustavo  Hornos destacaron que “no resulta suficiente la mera invocación de un agravio de naturaleza federal, sino que esta debe contar con un grado mínimo de fundamentación”.

Sanchez Zinny “no ha logrado demostrar tal circunstancia, toda vez que se ha limitado a aducir defectos de fundamentacióń en la resolución impugnada solo a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso”.

“Los planteos efectuados por la asistencia técnica de Martín Eduardo Sánchez Zinny en su impugnación se dirigen a obtener la libertad del nombrado por cese de prisión preventiva, invocando que la decisión carece de la debida fundamentación y, por tanto, es arbitraria”.

El tribunal desestimó el planteo.