La primera medida que adoptó el organismo que preside el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, fue la recusación del fiscal Juan Pablo Tahtagian por haber avalado la intervención en la investigación de la Policía Bonaerense, sospechada por el  crimen.

El organismo también asumirá la representación de la víctima sobreviviente, de 17 años, y de su tío “violentado también por la policía”.

La CPM denunció que “el fiscal Tahtagian, excusándose en la falta de personal, permitió y avaló que se tomen declaraciones testimoniales a testigos del crimen en sede policial; oportunidad en la que compañeros de fuerza de los policías imputados amenazaron al amigo de Lucas para obligarlo a declarar que venían de robar, justificar así la persecución policial y, de esa manera, desviar la investigación judicial e imponer una versión que dejara impunes a los responsables”.

Mediante un documento, la CPM sostuvo que “la decisión del fiscal significó un flagrante incumplimiento de la resolución 1390 de la Procuración General, que prohíbe la intervención de la Policía Bonaerense en diligencias judiciales cuando se investiga a funcionarios y funcionarias de la misma fuerza”.

“Entre varios funcionarios policiales y el fiscal, hostigaron al padre de Lucas diciéndole que su hijo había robado y que tenía que dejar todo como estaba porque el caso estaba resuelto”, añadió el texto.

Lucas Nahuel Verón y su amigo fueron a comprar gaseosas en un maxikiosco cuando comenzaron a ser perseguidos por un móvil del Comando de Prevención Comunitaria de González Catán, desde el que partieron los disparos que causaron la muerte.